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En el marco del plan del “programa federal plurianual de construcción de viviendas” representado por su Administrador Arq. Carlos Adrián Pisoni,  se había dejado por sentado que en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Convenio Marco celebrado entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11 de Agosto de 2005 y el Convenio Marco celebrado el 5 de Enero de 2005, que el denominado “Proyecto 48”, que involucra al barrio Bajo San Isidro, con dirección en Pedro de Mendoza, Martín y Omar, Roque Sáenz Peña, Camino de la Rivera El Fomentista, habría de realizar todas las obras publicas prometidas. Con el mismo propósito de la realización de la totalidad de las obras, el intendente actual de la municipalidad de San Isidro, el Dr. Gustavo Posse, recibió $170.880.580 otorgado por el Estado Nacional en el año 2005, una suma de $148.123.870 que le habría sido otorgado por el mismo en el año 2006 y a su vez con una cifra de $91.848.200 que se le otorgo el año siguiente, en el 2007.

 

Este dinero contaba bajo el “plan de Urbanización “con la finalidad de una totalidad definitiva de 250 viviendas sociales construidas y además con la construcción de diversas vías de acceso al barrio, cloacas, calles, y veredas. la licitación de obras del mismo le correspondió a la municipalidad de San Isidro y bajo la dirección General de Despacho y Legislación, los adjudicatarios del dinero fueron Soluciones Urbanas SRL, Construcciones Ecológicas SA, Emanco SA, las tres empresas a cargo de la totalidad de obras a realizarse en el barrio “Bajo San Isidro”.

Al día de la fecha, el barrio “Bajo San Isidro” cuenta con una totalidad de 44 viviendas sociales realizadas y con accesos hechos de manera parcial, lo que consta de menos de la mitad de las obras presentadas por el propio intendente, Dr. Gustavo Posse frente al Estado Nacional, para así poder recibir dinero por parte de este. El barrio cuenta con una totalidad de 90 familias actualmente viviendo en el barrio, sin red de gas, con cobertura parcial de pavimento y calles además de falta de agua corriente, luz electrica, cloacas y escases en el alumbrado público. Se encuentran de todas formas certificados de obra presuntamente apócrifos, en los cuales se dan por finalizadas diferentes etapas de la obra lo que permitió seguir cobrando el dinero de PNV. Vale aclarar que en hubo una fiscalización prácticamente nula por parte de Estado nacional y por el Instituto de vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

 

Uno de los certificados de obras truchos presentado frente a la subsecretaria de tierras, urbanismo y vivienda, en el año 2014, con número de folio 097 0001 y de expediente 24233096/15, establece la cobertura total de casi toda la infraestructura y los servicios urbanos solicitados, entre ellos, la cobertura total de red cloacal, agua corriente, luz eléctrica y pavimento. Además deja por sentado un total de 255 viviendas construidas con 90 familias conviviendo.

En el año 2014, la concejal Marcela Durrieu, perteneciente al partido Convocación por San Isidro y al Frente Renovador realizo la primera denuncia contra el actual intendente de San Isidro, y perteneciente al partido de Cambiemos, el Dr. Gustavo Posse, en la Fiscalía Federal N 1, en la cual remarca que existen "gran cantidad de personas que residen desde hace muchos años en sitios denominados 'viviendas transitorias', donde viven en condiciones aún peores que antes del inicio del Plan Federal de Viviendas (PFV). según la denuncia, se ignoraría, por lo tanto, el real destino que se le habría dado a los millonarios fondos aportados por el Estado Nacional para tal fin". En la denuncia del concejal también se encuentran imputados en la causa, el secretario de gobierno, Hector Prassel, el ex subsecretario de obras públicas, Fernando Romero entre otras siete personas y responsables de las 19 firmas contratadas llevar a cabo las obras. En ella se pone en manifiesto por primera vez, la falta por parte del municipio y se marca el hecho de que los vecinos habían recolectado 800 firmas para que el tema sea tratado en el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro.

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Recién en el año 2016, el tema se empezó a tratar activamente por parte del Honorable Consejo Deliberante y frente a la presión por parte de la oposición, se presentaron 2 informes de proyectos de comunicación ejecutiva en el cual la oposición presentó las pruebas pertinentes al caso e ilustrando también anexos con imágenes de la falta de infraestructura en el barrio “Bajo San Isidro”.

Ante la presentación formal de las denuncias por parte de la concejal y sumado a los 2 informes presentados por el Concejo Deliberante de San Isidro, en el cual se exponen diversos artículos, que entre otras cosas se manifiesta lo siguiente, “Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fines de proceder a la urbanización e integración definitiva del barrio llamado Villa Martín y Omar por medio de la construcción de las viviendas e infraestructura necesarias para tal fin.  Y “ Artículo 2: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que: El financiamiento necesario para llevar a cabo las obras mencionadas en el artículo anterior, provendrá de la reasignación de las partidas presupuestarias destinadas por el Departamento Ejecutivo para otros rubros, entre otros la partida asignada a la Secretaría Privada - Dirección y administración de prensa para publicidad V propaganda, entre otras, y los obtenidos por otras fuentes como el Plan de Viviendas anunciado por el Presidente de la Nación que el municipio deberá gestionar oportunamente”. Frente a esto, la municipalidad respondió con la “excusa” de que las obras no pudieron ser realizadas en su totalidad según el proyecto por problemas de suelo. Gran parte del dinero por su parte fue utilizada para la mejora de las condiciones de suelo para la construcción.

 

Sin tener una presentación formal de pruebas en donde evidencie la utilización de dicho dinero para las mejoras de las condiciones de suelo para la construcción, se data de un último llamado a indagatoria y una última denuncia realizada frente al Intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse en cuanto a la construcción de las viviendas sociales en el barrio “Bajo San Isidro”. Las mismas fueron solicitadas por el fiscal federal Jorge Di Lello frente al Ministerio Público de la Nación en el mes de abril del año 2017 para que explique en la justicia las posibles irregularidades en el proyecto de urbanización. El intendente en representación del municipio alega que “Las pericias que debieron realizarse y no se llevaron a cabo demostraran que los hechos denunciados no son ciertos y que la solicitud del fiscal tiene un claro propósito político”.

     

El juez de la causa Sebastián Ramos rechazó el pedido de indagatoria al intendente de San Isidro. El juez consideró que no existen pruebas que ameriten una citación a indagatoria del intendente Posse e instó a la fiscalía a realizar peritajes técnicos y financieros.