En el barrio "Martín y Omar" es una de las zonas pobres del rico partido de San Isidro en el norte del Conurbano bonaerense. Allí, entre el año 2006 y 2008, se debieron haber construido 250 viviendas para gente que tiene poco y nada y vive en condiciones muy precarias, pero eso no ocurrió. Del total de viviendas prometidas para el barrio "Martín y Omar" se terminó sólo el 17%, aunque según los certificados de obra, que son los que permiten el pago de las construcciones, se finalizó el 99 % de las casas.
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El caso comenzó por una denuncia de Marcela Durrieu, concejal por el Frente Renovador de San Isidro y suegra de Sergio Massa. Después dicha investigación paso a manos del juez federal Jorge Di Lello.
En 2014, la concejal Marcela Durrieu, presentó la primera denuncia penal contra el intendente Gustavo Posse por supuestas irregularidades en la construcción y entrega de viviendas de un plan federal de ese distrito.
Pudimos acceder durante la investigación, a la propia concejal Marcela Durrieu, por medio de Martina Riganti, una colega que conoce a la concejal y entre otras cosas, nos manifestó públicamente que “Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas, pero sólo se habría edificado 44, pese a que los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas. Posse estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras”. Además la propio concejal pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, “Soluciones Urbanas SRL”, “Emaco SA” e “Inelco”.
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Por su parte, Marcela Durrieu también brindo cual fue la postura del imputado en la causa, el intendente de San Isidro, el Dr. Gustavo Posse que se manifestó mediante un comunicado lanzado en las redes sociales que indicaba que “el Municipio de San Isidro desde un primer momento colaboró con la investigación, aportando toda la documentación necesaria para que se esclarecieran los hechos”. También agrego que “le solicitaron al fiscal que se llevaran a cabo las pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados” y que ante esto el “fiscal ordenó la producción de las mismas”. Por ultimo, Marcela agrega que el intendente termino su descargo diciendo que “en forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios de obras públicas del Municipio y del Instituto Provincial de la Vivienda, y a mí por considerarme la máxima autoridad municipal”, pese a que “las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos y que la solicitud del fiscal sobre las indagatorias tienen un claro propósito político en perjuicio de la imagen de nuestra gestión municipal”.
La investigación del caso no concluyo solo en 2014 con la denuncia de la concejal, sino que en el mes de abril del año 2017, el fiscal Jorge Di Lello avanzo en la causa sobre el desvío de fondos en el contexto de un plan de viviendas de San Isidro. El mismo recorrió el interior del barrio Martín y Omar, donde se denuncia un presunto fraude del intendente Gustavo Posse, por haber recibido una millonaria suma del Estado y no haber completado las obras. El juez, por su parte, indica que "La causa está peritándose económicamente. Hicimos una inspección ocular a fin de determinar en el territorio los faltantes que hubiera. Después de eso esperamos tomar algunas testimoniales y estaremos en condiciones de hacer los pedidos correspondientes". También agrego que “las obras fueron proyectadas en el marco del Plan Federal de Viviendas, por medio del cual habrían llegado a la municipalidad más de 400 millones de pesos provenientes del Estado para integrar las villas al resto de la trama urbana del distrito”.
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Por el momento, El juez de la causa y nuevo delegado, Sebastián Ramos rechazó el pedido de indagatoria al intendente de San Isidro.
